Desde los disparaderos de la caverna se apunta, últimamente, a un colectivo de trabajadores que aún conserva cierta dignidad y algunos derechos: los funcionarios. Así, tergiversando el caso irlandés, la prensa amarilla ha agitado estos días el espantajo del despido de funcionarios.
Pero el ejemplo no puede resultar más mendaz… el sistema anglosajón de funcionariado se fundamenta, en gran parte, sobre contrataciones temporales y en nada se parece a nuestra legislación de la Función Pública.
Pese a ello, nuestra vomitiva caverna lanza la ofensiva para que en la opinión pública vaya calando la idea de que “a los funcionarios se los puede despedir, igual que pasó en Irlanda”. El siguiente paso, una vez sembrado el embuste, consistiría en presionar a los gobernantes en esa dirección. Poco les importa que todo se fundamente en una falacia.
“Curiosamente” se cuidan mucho de airear que en Irlanda se han estado aplicando las medidas neoliberales al pie de la letra (reducción de un 20% del sueldo a los empleados públicos, grandes rebajas de impuestos a las empresas y rentas más altas, despido “libre”, etc.) y, como no podía ser de otra forma, ese país se ha abismado en una fosa de quiebras, desempleo, desolación y ruina.
Otra de las falsedades más tópicas asegura que “en España hay muchos funcionarios”. Sin embargo, dentro de la UE, nuestro país ocupa el puesto doce en cuanto a ratio funcionario por habitante.
Y, de nuevo “curiosamente”, quienes escupen esta mentira se cuidan mucho de matizar que el mayor porcentaje de funcionarios por habitante lo hallamos en el país con el nivel de bienestar más elevado del mundo, Suecia, mientras que los porcentajes menores los padecen Grecia, Eslovaquia, Rumania
Obviamente, los datos evidencian que la calidad de los servicios y el bienestar se fundamentan en un sector público sólido y amplio. Las estadísticas son tan diáfanas que solo las podría discutir un malintencionado o un imbécil.
Por asociación de ideas, recuerdo a Luis María Ansón. Recientemente desperdició una inmejorable oportunidad de callarse y, en un alarde de ignorancia supina, cacareó: “Cada funcionario nos cuesta un ojo de la cara”. También aseguraba que solo debería haber un millón de funcionarios.
En realidad, si se aplicara este razonamiento obtuso, nuestro país compartiría puesto en la tabla con Estonia, Letonia, República Checa y Bulgaria. De cualquier modo, si L. M. Ansón percibe remuneraciones públicas por su sillón de académico puede empezar a predicar con el ejemplo y renunciar a ese puesto.
La siguiente mendacidad, “los funcionarios ganan mucho” resulta fácil de desmontar. Un funcionario del grupo A2, nivel 18, no percibe más de 22.000 euros al año. Y hablamos de un diplomado universitario que ha superado unas complicadas oposiciones. Un puesto similar en la empresa privada podría rebasar los 30.000 euros, con la particularidad de que allí no se requiere oposición, toda vez que la condición de “hijo, primo o cuñado de” resulto determinante a la hora del acceder al trabajo.
Y, posiblemente, la más cruel y amarga de las falacias es la que presenta el trabajo de funcionario como una Arcadia feliz, un chollo, un lugar de relax… ¿Acaso ignoran que miles de médicos y DUE sufren agresiones y que más de la mitad ha padecido insultos, coacciones, amenazas y vejaciones? Y podríamos continuar con los puñetazos y patadas a los docentes, el síndrome de burn-out de los funcionarios de prisiones, guardias civiles y policías, el mobbing que padece casi el 25% del funcionariado…
No, los funcionarios públicos no sobran. Más bien escasean. La inmensa mayoría percibe remuneraciones cortas. Los lugares de trabajo se asemejan, muchas veces, al infierno, y los derechos que ostentan los han obtenido mediante el esfuerzo prolongado, el sacrificio, el estudio…
Desgraciadamente, lo que sí sobra en España son Ansones, Dragós, Losantos, y Belenesteban.
Gustavo Vidal Manzanares es jurista y escritor
29 de Noviembre del 2010
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